Pese al cierre de empresas, el proyecto de ley cuenta con el apoyo de las
principales entidades empresariales; pretende fortalecer la posición de los
empleadores a quienes les otorga atribuciones sobre las condiciones de trabajo
y de organización familiar, y a quienes les transfiere recursos multimillonarios; a
la vez que pretende la destrucción de los sindicatos, y la consecuente quita de
derechos a los trabajadores.
A grandes rasgos sus ejes son:
1. Fondo de cese, transferencias millonarias, y desfinanciamiento de la
jubilaciones y las obras sociales
En primer lugar se crea el Fondo Asistencia Laboral, para pagar futuras
indemnizaciones por despido; el que es OBLIGATORIO, implica 3% de la masa
salarial y que la patronal deducirá de las contribuciones al Régimen de la
Seguridad Social. En pocas palabras, los jubilados pagarán los futuros
despidos. Duele pensar que quienes administren estos recursos, cobraran por
ello sus jugosas comisiones, a costa del dinero y de los derechos de los
trabajadores.
Además se reduce el aporte patronal hacia las obras sociales del 6%
actual, al 5%, aumentando el desfinanciamiento de las obras sociales, en claro
perjuicio de los trabajadores y sus familias.
2. Ataque a los sindicatos
El proyecto de ley, sigue con lo que se planteo con DNU 70/23 y 340/25, e
intenta nuevamente reglamentar los servicios esenciales de forma tal de hacer
imposible realizar una huelga, al considerar a todas las actividades esenciales o
de importancia trascendental, obligando a garantizar el 50% o el 75% de
servicio. Viola así la Constitución Nacional y toda la legislación internacional
sobre derecho de huelga.
Subordina la realización de asambleas y congresos de delegados, a la
autorización de los empleadores y no devengaran salario.
También, se da primacía a la negociación colectiva por empresa o región,
a la vez que habilita la negociación a la baja, es decir con menos derechos para
los trabajadores, quita la ultraactividad amenazando todos los convenios
actuales, para obligar a los sindicatos a negociar desde cero, tal como se
intentó con la Ley Banelco (Ley 25.250).
Se desfinancia a los sindicatos quitando la obligación patronal de retener
aportes, sólo podrían retener con conformidad expresa la cuota de afiliación,
no pudiendo retener otros aportes convencionales. Elimina la protección de la
tutela sindical para representantes con cargos suplentes y de congresales.
Limita el crédito horario.
Se promueve la formación de sindicatos de empresa , a la vez que habilita a las
comisiones internas a negociar a la baja.
3. Ataque a la LCT
El proyecto modifica en perjuicio de los trabajadores el 25% de la LCT.
Busca acuerdos individuales con los trabajadores, para obligarlos a aceptar el
banco de horas, las jornadas flexibles, y así terminar con el recargo de las horas extras;
aprueba el fraccionamiento de vacaciones, su otorgamiento en todo el año, reduciendo
el plazo de notificación a 30 días; facilita la tercerización, habilita la reducción salarial
luego de una reincorporación por enfermedad o accidente, reduce la indemnización por
despido, limita las acciones judiciales a los trabajadores.
A los trabajadores de plataformas, se les cristaliza la situación actual, sin
reconocimiento de la relacion de empleo, sin aguinaldo, vacaciones, ni estabilidad, obra
social, ni jubilación.
Se pretenden derogar los estatutos del Periodista, la ley de Viajantes, la ley de
teletrabajo.
4. Justicia Nacional – Bancos – Cultura
Escondidos en el profuso articulado de la ley, se pretende, entre otros
Eliminar la Justicia Nacional del Trabajo, en perjuicio de los trabajadores y sus
organizaciones. Se limita la tasa de interes en los reclamos laborales.
Posibilita la habilitación para pagar salarios, que hoy solo puede hacerse en
bancos, en billeteras virtuales sin control estatal..
Se eliminan las principales fuentes de financiamiento del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), del Instituto Nacional del Teatro (INT) o el Instituto
Nacional de la Música (INAMU).
Frente a este avance, hoy se encuentran en peligro los trabajadores argentinos,
su presente y su futuro, y con ellos el futuro de la patria. Se define hoy la posibilidad de
mantener viva la opción de construir una patria justa para todos. Para conseguirlo
debemos tener conciencia de la grave situación que nos toca, como de lo importante
que resulta pasar a la acción como única forma de remediar el tremendo avance contra
los derechos y las garantías de los trabajadores, y frenar la destrucción del modelo
productivo nacional.
Entre los trabajadores no pueden haber excusas ni defecciones, en la dirigencia
sindical tampoco. La resistencia debe tomar las calles en todo el país, hacerse visible e
incontenible. Es en defensa propia y también de una larga tradición argentina de lucha
obrera que, una vez más, es puesta a prueba.
